El Episcopado venezolano advirtió que las acusaciones de Maduro son contra la Iglesia
"Lo que ha sido dicho contra ellos dos es contra todo el Episcopado y contra toda la Iglesia católica, porque nosotros no somos un cuerpo de gente aislada", sostuvo en declaraciones a la emisora Circuito Éxitos.
El referente de la CEV estimó innecesario investigarlos porque se trató de "señalamientos que son del conocimiento público", pero afirmó que en el caso de que la Fiscalía lo considere, "ahí están los discursos, ahí están las homilías".
"Ni van a encontrar en ningún momento ningún llamamiento al odio, ninguna invitación a la violencia, como en efecto sí lo podemos ver en muchas de las expresiones que incluso ayer se dijeron", sostuvo.
El domingo, durante la procesión en honor de la Divina Pastora, el obispo de San Felipe, monseñor Víctor Hugo Basabe, pidió a la Virgen que libre a Venezuela de "la peste" de la corrupción política que, aseguró, llevó al país "a la ruina moral, económica y social".
"La peste de la indiferencia que nos permite entender que el futuro de Venezuela no lo construyen unos pocos, sino que será fruto del esfuerzo de todos", aseveró.
Asimismo, denunció que las autoridades nacionales del país pretenden usar la Ley Contra el Odio, aprobada Asamblea Constituyente, "para aplicarla y criminalizar a todo aquel que le cause malestar al gobierno y sus postulados".
Monseñor Moronta expresó su solidaridad con los prelados señalados por el Poder Ejecutivo venezolano y les aseguraron que podrán contar "con toda la Iglesia que peregrina en Venezuela ante cualquier acción que ponga en peligro su integridad de vida y su libertad de pensamiento y de acción".
Maduro consideró que las homilías de obispos y sacerdotes "pretenden generar enfrentamiento entre los venezolanos: violencia, muerte, exclusión y persecución" y demuestran la difamación de los jerarcas católicos, "su maldad, su veneno, su odio, su perversidad".
El primer mandatario se refirió a los obispos como “diablos con sotana”, durante la presentación de su balance de gestión frente a la Asamblea Constituyente, no reconocida por el Parlamento, y pidió a la Fiscalía General, al Defensor del Pueblo y al Tribunal Supremo que los investigue para determinar sí incurrieron en el “delito de odio”.+
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